Granada participa en una guía de la FEMP que propone agilizar licencias, reducir trabas administrativas y reforzar la seguridad jurídica para impulsar nueva vivienda, vivienda protegida y proyectos de alquiler asequible.
La alcaldesa de Granada y presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias, Marifrán Carazo, ha presentado en Madrid la nueva Guía de Recomendaciones para una Tramitación Ágil en Materia de Vivienda, elaborada por la FEMP.
El documento, presentado junto a la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, plantea una hoja de ruta para simplificar los procedimientos municipales, reducir cargas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica y acelerar los plazos vinculados a nuevos proyectos residenciales.
La iniciativa surge en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y por la necesidad de aumentar la oferta residencial, especialmente en ámbitos como el alquiler asequible para jóvenes y la promoción de vivienda protegida.
La vivienda, prioridad para los ayuntamientos
La guía parte de un diagnóstico compartido por los gobiernos locales: el acceso a un hogar se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía. Para responder a esta situación, el documento propone medidas que permitan a las administraciones públicas ganar agilidad y ofrecer mayor capacidad de respuesta.
Entre los principales obstáculos detectados figuran los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas, la disparidad de criterios interpretativos, las dificultades de comunicación entre administraciones y ciudadanos, la necesidad de informes sectoriales y la falta de digitalización de determinados procedimientos.
Según recoge el documento, en algunos municipios la tramitación de ciertas licencias puede prolongarse durante más de dos años, un plazo que en ocasiones supera incluso el tiempo necesario para ejecutar la propia obra.
Para afrontar este escenario, la FEMP plantea recomendaciones organizadas en seis ámbitos: formación del personal municipal, digitalización administrativa, mejora de la organización interna, simplificación de trámites, colaboración público-privada y refuerzo del papel de las entidades locales en la promoción de vivienda asequible.
Medidas para agilizar la vivienda protegida
Entre las actuaciones propuestas se incluyen el refuerzo de los equipos técnicos municipales, la digitalización integral de expedientes, la incorporación de nuevas tecnologías y la extensión de herramientas como la declaración responsable, la licencia básica o los informes de idoneidad técnica.
El documento también apuesta por mejorar la información urbanística disponible para la ciudadanía y reforzar la cooperación entre administraciones, colegios profesionales y sector privado, con el objetivo de reducir tiempos y dar mayor certidumbre a quienes impulsan proyectos residenciales.
La elaboración de la guía ha contado con representantes del sector de la vivienda, colegios profesionales, asociaciones de promotores, gestores públicos de vivienda y técnicos municipales. Además, analiza buenas prácticas desarrolladas por ayuntamientos como Granada, Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, A Coruña y San Cristóbal de La Laguna.
En este marco, Granada ha aportado su experiencia en gestión urbanística y en políticas orientadas a incrementar la oferta residencial. Estas líneas de actuación conectan con modelos de inversión social y con iniciativas como GENIVS INSULAE, centradas en vivienda, sostenibilidad e impacto urbano.
Granada refuerza su estrategia de vivienda asequible
Durante la presentación, Carazo defendió que facilitar el acceso a la vivienda debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones. La alcaldesa apostó por impulsar medidas que aumenten la oferta residencial, reduzcan los tiempos de tramitación y generen un entorno de confianza para la inversión.
“La vivienda es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y las administraciones debemos ser parte de la solución. Necesitamos procedimientos más ágiles que permitan aumentar la oferta residencial y ofrecer mayor certidumbre a quienes quieren invertir y promover vivienda en nuestras ciudades”, afirmó.
Carazo subrayó que la seguridad jurídica es clave para favorecer nuevos proyectos residenciales y defendió la necesidad de reglas claras y estables. También señaló que la agilidad administrativa se ha convertido en un factor de competitividad para las ciudades.
Granada figura entre los municipios analizados por la FEMP por las medidas impulsadas para aumentar la oferta residencial. Entre ellas destacan licencias para más de 3.000 viviendas, de las que más de la mitad corresponden a vivienda protegida, y una bolsa municipal de suelo para vivienda asequible con capacidad para 3.933 viviendas.
A estas actuaciones se suman la adhesión al Decreto-Ley andaluz de medidas urgentes en materia de vivienda, la aprobación de la Ordenanza Municipal de Edificación, el futuro parque municipal de vivienda con 565 viviendas protegidas y la renovación del Plan General de Ordenación Municipal.
El nuevo PGOM busca favorecer un crecimiento sostenible, ampliar las oportunidades residenciales y avanzar hacia el objetivo municipal de alcanzar los 250.000 habitantes, en un contexto donde la colaboración institucional, la inversión social y el posible apoyo de instrumentos como un fondo europeo pueden resultar determinantes.

Vista urbana de Granada con edificios residenciales y enfoque en vivienda asequible
Fuente: Europa Press























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