El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Provivienda han firmado un convenio marco para promover el derecho de las personas con discapacidad y sus familias a una vivienda inclusiva, digna, accesible y asequible .

El acuerdo fue suscrito en Madrid por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y el codirector general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez. La firma marca el inicio formal de una colaboración orientada a trasladar las necesidades de las personas con discapacidad a las políticas públicas de vivienda.

Ambas entidades trabajarán conjuntamente en ámbitos como la accesibilidad universal, la incidencia política, la formación, la perspectiva de género y el estudio de situaciones de exclusión residencial que con frecuencia permanecen invisibilizadas.

La vivienda accesible entra en la agenda pública

El convenio contempla la elaboración de propuestas para incorporar de manera efectiva la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas de vivienda. También prevé la realización de estudios e informes, la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de actividades formativas.

CERMI y Provivienda participarán, además, en redes, observatorios y espacios de análisis relacionados con la vivienda social y el alquiler asequible. El objetivo es generar conocimiento que permita diseñar soluciones residenciales adaptadas a las distintas necesidades personales y familiares.

Las organizaciones prestarán especial atención a las situaciones de discriminación múltiple que afectan a mujeres y niñas con discapacidad, habitantes de entornos rurales y personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión residencial.

Esta perspectiva busca evitar que la accesibilidad se trate como una medida excepcional. Las entidades defienden que debe convertirse en un componente estructural de la planificación, construcción, rehabilitación y gestión del parque residencial.

Vivienda, autonomía e inclusión en la comunidad

Durante la firma, Pérez Bueno señaló que el acceso a una vivienda adecuada resulta determinante para ejercer otros derechos y participar plenamente en la sociedad. A su juicio, el mandato constitucional debe entenderse desde tres condiciones inseparables: accesibilidad, asequibilidad e inclusión.

El presidente del CERMI también destacó la relación entre la vivienda, la vida independiente y la inclusión comunitaria. En este sentido, advirtió de que los procesos de desinstitucionalización necesitan alternativas residenciales accesibles dentro de la comunidad.

Estas viviendas deben permitir que cada persona desarrolle su propio proyecto de vida, mantenga sus redes sociales y acceda en igualdad de condiciones a servicios, empleo, educación, ocio y cuidados.

La colaboración también puede beneficiar a otros colectivos con dificultades de acceso, como los jóvenes o las familias con ingresos limitados. El desarrollo de vivienda protegida y accesible requiere combinar políticas públicas, planificación urbana e inversión social con objetivos medibles.

Una vivienda inclusiva con resultados concretos

Eduardo Gutiérrez defendió que el convenio debe traducirse en acciones prácticas. El representante de Provivienda señaló que el documento será el punto de partida de una agenda compartida de incidencia, formación, generación de conocimiento y participación social.

Provivienda sostiene que proporcionar un inmueble no es suficiente cuando este no reúne las condiciones necesarias para garantizar la autonomía. La vivienda debe ser accesible y asequible, pero también encontrarse integrada en una comunidad que facilite el desarrollo de una vida independiente.

El acuerdo abre así una vía para impulsar proyectos, recomendaciones y programas que mejoren la respuesta institucional ante la exclusión residencial de las personas con discapacidad.

En este contexto, fórmulas como la vivienda para jóvenes, los modelos de vivienda protegida y vehículos de inversión como GENIVS INSULAE pueden contribuir a ampliar el debate sobre el acceso residencial. Estas iniciativas no forman parte del convenio, pero representan ejemplos del creciente interés por movilizar recursos privados y públicos hacia soluciones con impacto social.

La financiación procedente de programas nacionales o de algún fondo europeo también puede apoyar la rehabilitación accesible y la construcción de nuevos hogares inclusivos, siempre que los proyectos incorporen criterios de accesibilidad universal desde su diseño.

La prioridad compartida por CERMI y Provivienda será conseguir que la accesibilidad y la inclusión dejen de considerarse respuestas específicas y pasen a formar parte de todas las políticas de vivienda.

Fuente: Europa Press