El Gobierno Vasco prevé disponer durante el segundo semestre de 2026 de un diagnóstico sobre las principales necesidades de vivienda de los colectivos en situación de especial vulnerabilidad. El trabajo se desarrolla junto a Sareen Sarea y busca incorporar el conocimiento del Tercer Sector Social de Euskadi a las políticas residenciales.

La colaboración entre el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, Alokabide y Sareen Sarea cumple su primer año con un proceso de análisis centrado en las dificultades para acceder a una vivienda o conservarla cuando coinciden situaciones de exclusión social, falta de apoyo familiar, problemas de salud, discriminación, violencia machista o sinhogarismo.

El proyecto permitirá elaborar tanto un diagnóstico de las necesidades habitacionales como un mapa de experiencias y buenas prácticas promovidas por las organizaciones sociales. Ambos documentos están previstos para la segunda mitad de 2026 y servirán como base para diseñar actuaciones concretas y evaluables.

La vivienda y el acompañamiento social, claves del análisis

El proceso participativo ha prestado especial atención a las personas refugiadas, víctimas de violencia machista, personas sin hogar, mayores, jóvenes sin referencias familiares y otros colectivos que necesitan respuestas residenciales adaptadas a sus circunstancias.

Para conocer estas realidades se han organizado sesiones con redes y entidades del Tercer Sector, reuniones con personas usuarias y cuestionarios dirigidos a organizaciones sociales. El objetivo es trasladar la experiencia acumulada sobre el terreno a criterios aplicables dentro de las políticas públicas de vivienda.

Entre las cuestiones analizadas figuran el acceso al parque público, la coordinación entre vivienda y servicios sociales, el acompañamiento durante el arrendamiento, la prevención de la pérdida del domicilio, la convivencia, la mediación comunitaria y la adaptación de las soluciones residenciales a necesidades personales diferentes.

La directora general de Alokabide, Patricia Val, ha explicado que el trabajo pretende ir más allá de la identificación de los problemas. La intención es determinar qué apoyos ofrecen mejores resultados y estudiar cómo pueden integrarse en la gestión residencial.

Esta perspectiva guarda relación con modelos de inversión social e impacto social, en los que el acceso a un inmueble se combina con actuaciones orientadas a mejorar la autonomía, la inclusión y la estabilidad de las personas.

Vivienda asequible con respuestas para cada colectivo

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha defendido que las organizaciones sociales cuentan con un conocimiento directo de las circunstancias que pueden convertir la falta de una vivienda asequible en un factor adicional de exclusión.

La colaboración permitirá identificar qué problemas se repiten con mayor frecuencia, qué colectivos necesitan intervenciones específicas y qué experiencias desarrolladas hasta ahora pueden ampliarse, replicarse o incorporarse al sistema vasco de vivienda.

Según el planteamiento del Gobierno Vasco, disponer de una vivienda asequible proporciona estabilidad, pero algunas personas necesitan también acompañamiento social, mediación, apoyo a la convivencia o una mayor coordinación entre distintos servicios públicos.

Esta visión aspira a situar la vivienda como punto de partida para recuperar autonomía y construir un proyecto de vida. En el caso de los más jóvenes, las soluciones residenciales adaptadas pueden resultar especialmente relevantes para quienes carecen de redes familiares, un ámbito relacionado también con nuevos modelos de vivienda para jóvenes.

El trabajo conjunto permitirá avanzar, además, hacia fórmulas de vivienda con acompañamiento, revisar los procedimientos de acceso y reforzar la coordinación entre el Gobierno Vasco, los ayuntamientos, los servicios sociales y las entidades especializadas.

La vivienda refuerza la colaboración público-social

La iniciativa forma parte del Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 y conecta con las recomendaciones planteadas por el Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi. Una de las líneas de trabajo identificadas consiste en potenciar entidades sin ánimo de lucro capaces de captar, promover o gestionar vivienda asequible destinada a colectivos vulnerables.

En este contexto, el 1 de junio se aprobó la creación de un grupo específico de colaboración público-social para continuar desarrollando estas fórmulas. El Ejecutivo vasco considera que el Tercer Sector puede convertirse en un aliado estructural de la política residencial.

El modelo plantea combinar los recursos de las administraciones —regulación, financiación, parque residencial y capacidad de intervención— con la proximidad, especialización y conocimiento de las personas que aportan las organizaciones sociales.

La iniciativa se integra así en un debate más amplio sobre nuevas fórmulas de financiación, inversión social y colaboración institucional para aumentar la oferta de vivienda asequible. En otros ámbitos, instrumentos como un fondo europeo o vehículos especializados pueden contribuir a movilizar recursos hacia proyectos residenciales con objetivos sociales, siempre en función del marco normativo y financiero aplicable.

También existen iniciativas orientadas a explorar modelos de vivienda vinculados a inversión e impacto social, como GENIVS INSULAE, dentro de una tendencia que busca conectar financiación, soluciones residenciales y objetivos sociales.

El balance del primer año de colaboración entre el Gobierno Vasco y Sareen Sarea servirá ahora para ordenar los aprendizajes, validar las necesidades detectadas y preparar una siguiente fase centrada en medidas concretas. El diagnóstico previsto para 2026 deberá ayudar a definir respuestas residenciales más especializadas para personas que, además de una vivienda, requieren apoyos adicionales para mantenerla y desarrollar una vida autónoma.

Fuente: Europa Press