Barcelona reforzará su parque de vivienda pública con la promoción de 1.500 pisos durante los próximos diez años. El Ayuntamiento de Barcelona, CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo para desarrollar estas viviendas hasta 2036 mediante la fórmula del derecho de superficie, que permitirá mantener la titularidad pública de los inmuebles.

El convenio prevé que los solares sean cedidos conjuntamente a entidades sociales y cooperativas de vivienda, que asumirán la promoción de los proyectos. La iniciativa busca acelerar la producción de vivienda protegida y ampliar las opciones de acceso a un hogar para trabajadores, jóvenes y otros colectivos con dificultades para acceder al mercado residencial.

La vivienda pública mantendrá su titularidad durante 75 años

Los pisos se adjudicarán mediante una cesión en derecho de superficie por un periodo máximo de 75 años. Esta fórmula permite que las personas adjudicatarias dispongan del uso de la vivienda durante un plazo prolongado sin que el inmueble deje de formar parte del patrimonio público.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentó el acuerdo junto a la secretaria general de CCOO Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros. Las tres partes consideran que la colaboración puede contribuir a movilizar suelo municipal y aumentar el ritmo de creación de vivienda protegida.

El modelo incorpora además al sector no lucrativo. Las entidades sociales y las cooperativas serán las encargadas de promover las distintas actuaciones sobre los solares que vaya ofreciendo el Ayuntamiento. La selección se realizará a través de una mesa conjunta formada por el consistorio y los sindicatos, con un funcionamiento similar al empleado en otros convenios municipales con entidades sociales.

Este planteamiento conecta con modelos de inversión social e impacto en vivienda, en los que administraciones y organizaciones especializadas colaboran para ampliar la oferta residencial asequible sin perder de vista el interés público.

La vivienda protegida busca facilitar el acceso de jóvenes

Los sindicatos han defendido que su participación tendrá como finalidad contribuir a ampliar el parque público y no obtener beneficios como promotores inmobiliarios. CCOO prevé destinar recursos a informar y fomentar la participación de entidades y cooperativas, sin establecer preferencias en función de afiliaciones sindicales o políticas.

Las convocatorias se publicarán a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y las organizaciones interesadas deberán cumplir los requisitos establecidos para concurrir a los distintos proyectos.

UGT ha destacado especialmente el potencial de estas políticas para facilitar el acceso a una vivienda digna a la población trabajadora. Los jóvenes y las personas mayores figuran entre los colectivos que pueden beneficiarse de una ampliación sostenida del parque público y de fórmulas alternativas al alquiler convencional o a la compra en el mercado libre.

El impulso de soluciones orientadas a la vivienda para jóvenes puede resultar determinante en ciudades tensionadas, donde los precios dificultan la emancipación y la permanencia de parte de la población en sus barrios.

La vivienda inicia el plan con tres promociones en 2026

El acuerdo comenzará a materializarse en 2026 con la tramitación de tres solares municipales para desarrollar alrededor de 180 pisos. Según lo anunciado, las primeras actuaciones se localizarán en Sant Andreu y Horta-Guinardó.

El derecho de superficie ha sido presentado por el Ayuntamiento como una fórmula intermedia entre la compra tradicional y el alquiler. Su objetivo es facilitar una vinculación residencial estable y favorecer que las personas adjudicatarias puedan permanecer durante décadas en determinadas zonas de Barcelona.

Los pisos se adjudicarán mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona que cumplan las condiciones correspondientes. Una vez formalizada la escritura, los adjudicatarios podrán financiar la vivienda durante los primeros 30 años mediante cuotas planteadas para situarse en niveles comparables a un alquiler asequible o social.

La iniciativa refuerza así la búsqueda de fórmulas de colaboración público-social capaces de incrementar la oferta residencial. Modelos como GENIVS INSULAE también sitúan la vivienda y la inversión de impacto como herramientas para generar soluciones habitacionales estables y sostenibles.

Aunque este acuerdo tiene carácter municipal, el acceso a la vivienda se ha convertido también en una prioridad creciente dentro de las políticas europeas, donde conceptos como el alquiler asequible, la vivienda social y la movilización de fondo europeo e inversión de impacto adquieren cada vez mayor relevancia.

Fuente: Europa Press