La Asamblea de Madrid ha aprobado definitivamente la nueva ley de vivienda de la Comunidad, una norma que busca aumentar la edificabilidad, movilizar suelo disponible y acelerar la construcción de pisos protegidos en la región.

El texto ha salido adelante con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de Vox y el rechazo de los grupos de izquierda, que cuestionan que la norma responda de forma efectiva al problema de acceso a la vivienda.

La vivienda protegida gana edificabilidad en suelo público

La ley introduce instrumentos urbanísticos extraordinarios para reducir trabas administrativas, agilizar proyectos residenciales y facilitar el desarrollo de nuevas promociones.

Una de sus principales novedades es la inclusión de redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida entre las parcelas que podrán beneficiarse de incrementos de edificabilidad y densidad.

Según el Gobierno regional, esta medida permitirá aprovechar mejor los suelos públicos disponibles y reforzar la capacidad de las administraciones para promover vivienda protegida.

Más oferta de residencia para moderar precios

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, defendió que el objetivo de la norma es aumentar la oferta residencial, especialmente protegida, como vía para moderar los precios y facilitar el acceso.

Desde el Partido Popular sostienen que la prioridad debe ser construir, movilizar suelo y adaptar el urbanismo a las necesidades actuales de Madrid. La formación enmarca esta ley junto a otras iniciativas como la futura ley LIDER, el acelerador urbanístico y el nuevo reglamento de vivienda protegida.

El debate también conecta con retos como el alquiler asequible para jóvenes, la inversión social y nuevos modelos de colaboración público-privada, entre ellos proyectos como GENIVS INSULAE.

Críticas a la ley de vivienda desde la oposición

Vox se abstuvo y advirtió de que la norma no construye por sí misma vivienda pública. La formación también criticó que pueda favorecer modalidades como el coliving, al considerar que no cuenta con precio máximo ni régimen de adjudicación protegida.

El PSOE rechazó la ley al considerar que prioriza el beneficio económico de los promotores frente al acceso a una vivienda asequible. Además, cuestionó el aumento de edificabilidad en zonas ya consolidadas sin una planificación suficiente sobre servicios públicos.

Más Madrid acusó al Gobierno regional de transformar la vivienda protegida en vivienda de mercado y de trasladar a los promotores mayor responsabilidad en infraestructuras y dotaciones urbanas.

La norma también permite a los ayuntamientos autorizar alojamientos temporales en parcelas vacantes de uso industrial situadas en ámbitos urbanos consolidados, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Además, incorpora el silencio positivo en informes sectoriales: si no se emiten en un plazo máximo de tres meses, el planeamiento podrá continuar su tramitación. El objetivo declarado es evitar bloqueos, reducir tiempos y ofrecer mayor seguridad jurídica a los proyectos residenciales.

En un contexto de presión sobre el mercado residencial, la ley abre un nuevo capítulo en el debate sobre vivienda, fondo europeo, colaboración institucional e inversión social aplicada al desarrollo urbano.

Ley de vivienda en Madrid impulsa pisos protegidos

Fuente: Europa Press