Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea han aprobado este lunes una recomendación para proteger a las familias en riesgo de perder su vivienda. El acuerdo plantea ayudas urgentes al alquiler, detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y mayores garantías frente a los desahucios forzosos.

La iniciativa del Consejo de la UE combina la prevención con el acceso a soluciones residenciales estables para las personas sin hogar. También reclama ampliar la oferta de vivienda social y asequible. Las medidas no son jurídicamente vinculantes: corresponde a cada Estado miembro decidir cómo aplicarlas.

Prevenir la pérdida de vivienda con ayudas y mediación

Los Veintisiete proponen intervenir antes de que las dificultades económicas desemboquen en la pérdida del alojamiento. Para ello, recomiendan establecer mecanismos de alerta temprana y coordinar el asesoramiento sobre deudas, la mediación y las ayudas de emergencia para afrontar el alquiler.

La protección debe alcanzar también a quienes, pese a disponer de un techo, viven en condiciones inseguras o inadecuadas. El documento incluye situaciones como la falta de servicios básicos, la amenaza de desahucio o la violencia doméstica.

La infancia ocupa un lugar prioritario en la recomendación. Los ministros se comprometen a trabajar para que ningún menor carezca de una vivienda adecuada y solicitan apoyo específico para los jóvenes que abandonan centros de protección o familias de acogida, mediante alojamiento y acompañamiento que eviten situaciones de desamparo.

Más vivienda social y alquiler asequible

El Consejo identifica la insuficiente oferta de vivienda social y asequible como uno de los principales obstáculos para reducir la exclusión residencial. Su propuesta pasa por incrementar la inversión pública y privada, tanto en nuevas construcciones como en la rehabilitación de inmuebles existentes.

Los Estados también deberían aprovechar mejor el parque residencial disponible y apoyar fórmulas alternativas de alojamiento, incluidas las gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. El objetivo es ampliar las posibilidades de acceso a una residencia estable para las personas con mayores dificultades.

Este enfoque sitúa el impacto social de la vivienda en el centro de las actuaciones: las respuestas al sinhogarismo deben priorizar un hogar seguro y duradero, acompañado de servicios adaptados a cada persona, más allá del alojamiento temporal.

Atención coordinada para más de un millón de personas sin hogar

Según las estimaciones recogidas por el Consejo, más de un millón de personas carecen de hogar en la UE. A esta situación se suma el encarecimiento de la vivienda, cuyos precios de compra aumentaron más de un 60% entre 2013 y 2024.

Para facilitar la atención, la recomendación propone una ventanilla única que permita acceder a orientación y servicios sociales y sanitarios sin encadenar trámites ante distintas administraciones. Asimismo, plantea elaborar planes individuales de apoyo con trabajadores sociales, profesionales sanitarios y organizaciones comunitarias.

Los Veintisiete animan a reforzar las estrategias nacionales y regionales contra la exclusión residencial con objetivos concretos y medibles. También proponen que los países comuniquen sus resultados a la Comisión Europea cada cinco años y que esta presente al Consejo una evaluación cinco años después de la aprobación de la iniciativa.

La recomendación establece así una orientación común para prevenir la pérdida del hogar, ampliar la oferta asequible y coordinar el acompañamiento social. Su desarrollo dependerá de las medidas que adopte cada Estado miembro.

Fuente: Europa Press.