La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado a la banca, al capital inmobiliario, al sector de la construcción y a las administraciones públicas una mayor responsabilidad para garantizar el acceso a la vivienda como derecho social prioritario.

Durante su intervención en el foro Inmobiliario 360, organizado por El País, Rodríguez defendió que existe un amplio consenso social sobre la necesidad de situar la vivienda por delante de cualquier otro enfoque económico o patrimonial.

“El derecho es lo primero”, sostuvo la ministra, al advertir de que la falta de soluciones puede afectar no solo al mercado inmobiliario, sino también al empleo, al crecimiento económico, a la cohesión social y a la calidad democrática del país.

La vivienda como derecho y motor económico

Rodríguez subrayó que el problema de acceso a la residencia tiene consecuencias directas en la economía real. Según explicó, hay territorios donde determinados puestos de trabajo quedan sin cubrir porque los trabajadores no pueden asumir el coste de vivir cerca de su empleo.

La ministra defendió que la regulación pública es una herramienta necesaria en un contexto de emergencia habitacional. A su juicio, garantizar el derecho a la vivienda no implica negar la existencia del mercado ni del derecho a la propiedad, sino establecer un equilibrio que evite la exclusión residencial.

En este contexto, iniciativas de inversión social y modelos de colaboración orientados al alquiler asequible ganan relevancia, especialmente en zonas con alta presión residencial y dificultades para jóvenes y familias.

Más residencia asequible y parque público residencial

La titular de Vivienda aseguró que ha llegado el momento de pasar “del diagnóstico a las soluciones” y destacó las medidas impulsadas por el Gobierno para ampliar la oferta de vivienda asequible.

Entre ellas, mencionó la empresa pública Casa 47, concebida como instrumento para movilizar vivienda pública y activos procedentes de la Sareb. El Ejecutivo también ha defendido el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con cerca de 7.000 millones de euros para ampliar el parque residencial público y reforzar el alquiler asequible.

Este marco puede conectar con proyectos especializados en VPO, vivienda joven y desarrollo urbano responsable, como GENIVS INSULAE y las líneas centradas en vivienda joven.

Además, la ministra insistió en la necesidad de acuerdos políticos estables. Lamentó que el Congreso de los Diputados haya sido uno de los espacios con menos consensos en esta materia y pidió avanzar hacia una política prioritaria de país.

Protesta por desahucios durante el acto de vivienda

La intervención de Rodríguez fue interrumpida por varias personas vinculadas al Sindicato de Inquilinas, que reclamaron más medidas frente a los desahucios y denunciaron el caso de Mari Carmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de junio.

Las representantes del colectivo cuestionaron la actuación del Ejecutivo y reclamaron una respuesta más firme para proteger a las personas afectadas por procesos de pérdida de vivienda.

Rodríguez respondió que el Ministerio y el sindicato comparten el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y animó a los organizadores de este tipo de foros a incorporar en próximas ediciones la voz de los movimientos sociales.

El debate se produce en un momento en el que la vivienda protegida, el fondo europeo, la inversión social y las políticas de alquiler asequible forman parte de una discusión más amplia sobre cómo asegurar el acceso residencial de jóvenes, trabajadores y hogares vulnerables.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agencia Urbana. Fuente: Wikimedia Commons.

Fuente: Europa Press / Idealista. Información complementaria: La Moncloa y Casa 47.