El Gobierno ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea para inyectar 9.662 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), reforzando su papel como banco público orientado a vivienda, inversión social y proyectos donde no llega la financiación privada. La operación se encuadra en el nuevo Plan de Recuperación y permite utilizar fondo europeo.

Capital reforzado y capacidad de crédito: foco en vivienda y pymes

La aportación elevará el capital del ICO desde los 5.700 millones actuales hasta más de 15.000 millones, situándolo como el cuarto banco del país por fondos propios, por detrás de CaixaBank, Santander y BBVA, y por delante de Banco Sabadell. Con este músculo, el ICO podrá movilizar más de 100.000 millones en financiación, con un calendario que prevé ejecutar el refuerzo antes del próximo verano.

El objetivo es corregir fallos de mercado y atender necesidades no cubiertas por la banca, canalizando recursos hacia proyectos de impacto social, transición verde y digital, y programas específicos de vivienda para jóvenes y alquiler asequible.

Complementariedad con la banca y nuevos instrumentos

El Ejecutivo subraya que el reforzado ICO no pretende competir con la banca privada, sino complementar su actividad mediante avales, coinversión y private equity para iniciativas innovadoras y empresas sin historial crediticio o activos en garantía. El sector financiero ve sentido en que el ICO actúe donde hay mayor riesgo tecnológico o de arranque, multiplicando la capacidad crediticia sin sustituir al crédito bancario tradicional.

El instituto avanzará en productos bajo control reforzado —tras experiencias pasadas de banca directa— y con una nueva política de inversión auditada por Bruselas. Queda expresamente vetada la financiación de sectores industriales contaminantes.

Lecciones en vivienda protegida y rediseño del plan

El Gobierno reconoce que la ampliación de la línea de préstamos ICO para impulsar vivienda protegida en alquiler «ya no es alcanzable» por falta de demanda y por la cautela de las entidades ante la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. Pese a ello, la vivienda seguirá siendo eje del nuevo plan estratégico del ICO, que deberá coordinarse con promotores y administraciones para que la financiación pública sea efectiva.

España remitirá a la Comisión un informe antes del 31 de agosto de 2026 con las medidas aplicadas, los productos financieros lanzados y las actuaciones previstas. Más información sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en la Comisión Europea.

Para programas de regeneración urbana y acceso asequible, ver también el marco GENIVS INSULAE, que integra inversión público-privada con objetivos sociales y ambientales.

Fuente: El Mundo