La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida como Ley LIDER, con el objetivo de reducir los trámites urbanísticos, facilitar la construcción de vivienda y acortar los plazos necesarios para aprobar los planes municipales.

El texto recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno regional y será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva. El Ejecutivo autonómico pretende que la norma comience a aplicarse cuanto antes ante las necesidades de suelo, planificación y oferta residencial existentes en la región.

La nueva regulación sustituirá el modelo vigente por un sistema que, según el Gobierno madrileño, será más flexible y adaptado a las particularidades de cada municipio. La propuesta tendrá en cuenta aspectos como la protección ambiental, las infraestructuras disponibles, los servicios públicos y las características sociales, económicas y culturales de cada localidad.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha defendido que la reforma ha sido elaborada mediante un proceso participativo y después de un trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno regional. También ha señalado que la simplificación administrativa no debe traducirse en un aumento de las infracciones urbanísticas.

La vivienda se beneficiará de planes más rápidos con la Ley LIDER

La principal novedad de la Ley LIDER es la creación de los Planes Estratégicos Municipales, denominados PEM. Estos instrumentos permitirán a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un periodo estimado de entre cuatro y seis años, frente a los cerca de doce años que pueden requerirse actualmente.

El planeamiento de desarrollo también reducirá sus tiempos de tramitación con la Ley LIDER. El Gobierno regional prevé que los procedimientos que ahora se prolongan durante aproximadamente siete años puedan resolverse en cuatro y, en determinados supuestos, en apenas un año.

Esta reducción de plazos busca acelerar la disponibilidad de suelo y facilitar proyectos de vivienda protegida y promoción libre. El Ejecutivo autonómico considera que una planificación más ágil permitirá responder con mayor rapidez al crecimiento demográfico y a las necesidades residenciales de familias y jóvenes.

La norma simplificará además la clasificación del suelo. Las cinco categorías actuales serán sustituidas por tres: suelo urbanizado, rural protegido y rural no protegido. La Comunidad de Madrid sostiene que esta estructura facilitará la gestión y aportará mayor seguridad jurídica a propietarios, administraciones e inversores.

La reforma reforzará igualmente la capacidad de decisión de los municipios. Los ayuntamientos con más de 15.000 habitantes podrán aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística, mientras que la Administración regional conservará las competencias relacionadas con el control de legalidad.

Un total de 42 municipios, incluida la ciudad de Madrid, ya han comenzado a elaborar sus Planes Estratégicos Municipales al amparo de la regulación urbanística aprobada en 2024.

La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas regionales para aumentar la oferta residencial. Entre ellas se encuentra la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para vivienda protegida y la Aceleradora Urbanística, con la que el Gobierno autonómico asegura haber impulsado proyectos que suman 17.600 viviendas.

La vivienda y la regeneración de barrios

Otro de los ejes del proyecto es la creación de un nuevo modelo de regeneración urbana. La Ley LIDER permitirá a los ayuntamientos ejecutar actuaciones de remodelación en barrios, espacios públicos y propiedades privadas sin que el coste tenga que recaer directamente sobre los residentes.

El objetivo es facilitar la rehabilitación de entornos urbanos deteriorados, actualizar infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Estas intervenciones podrían complementar las políticas de inversión social e impacto urbano vinculadas al acceso a una vivienda digna y sostenible.

Los municipios de menor tamaño dispondrán de un régimen específico de planificación urbanística. La Comunidad de Madrid ofrecerá acompañamiento técnico para ayudar a estas localidades a preparar sus planes y tramitar los estudios e informes necesarios.

En el suelo rural, la norma simplificará la implantación de actividades agrícolas y ganaderas. La autorización de estos proyectos corresponderá a los ayuntamientos, lo que permitirá reducir la intervención de otras administraciones y agilizar los procedimientos.

La nueva ley no está vinculada directamente a un fondo europeo concreto, aunque su objetivo de movilizar suelo, inversión y proyectos residenciales puede complementarse con programas de financiación pública y privada destinados al desarrollo sostenible.

En este contexto, modelos como GENIVS INSULAE plantean fórmulas para conectar inversión, impacto social y promoción residencial. Estas iniciativas pueden contribuir a ampliar la oferta de vivienda para jóvenes y otros colectivos con dificultades para acceder al mercado.

La vivienda comparte reforma con los grandes eventos

El proyecto legislativo incorpora también una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, vigente desde hace casi tres décadas. La reforma pretende adaptar esta regulación a la evolución del ocio, la cultura, la gastronomía y la organización de grandes acontecimientos.

Los municipios con más de 20.000 habitantes pasarán a autorizar directamente los grandes eventos y espectáculos extraordinarios. El cambio busca acercar la toma de decisiones a las administraciones locales, que conocen de manera más directa las características de cada zona y las demandas de sus residentes.

La normativa no establecerá nuevos límites generales de decibelios, ya que los niveles de ruido continuarán regulándose mediante las ordenanzas municipales. Cada ayuntamiento deberá estudiar las circunstancias concretas y adoptar medidas para compatibilizar la celebración de eventos con el descanso vecinal.

La reforma actualizará también el régimen sancionador y reforzará las medidas de seguridad en establecimientos de hostelería y ocio. Entre otras disposiciones, prohibirá el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y dispositivos pirotécnicos cuando los locales no dispongan de espacios específicamente habilitados para ello.

Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el proyecto deberá superar ahora la tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. La redacción definitiva podrá incorporar modificaciones durante el proceso de debate y presentación de enmiendas.

Fuente: Europa Press