La Generalitat Valenciana ha elevado un 7% el precio máximo de la vivienda de protección pública para 2026, hasta situar el valor estándar en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil. La actualización busca adaptar el módulo a la evolución de los costes de construcción y mantener la viabilidad de nuevas promociones protegidas.

La medida ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y desarrolla el sistema establecido por el Decreto 180/2024, que introdujo un mecanismo dinámico para calcular el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública.

El modelo combina un valor estándar, calculado a partir del Módulo Básico de Edificación del Instituto Valenciano de la Edificación, con ajustes vinculados a las características objetivas de cada municipio.

La vivienda protegida afronta mayores costes de construcción en la Generalitat

La Generalitat justifica la actualización por el fuerte incremento experimentado por los costes de edificación durante los últimos años. La administración atribuye esta evolución a factores internacionales como la pandemia, la guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y el encarecimiento progresivo de la mano de obra especializada y otros factores de producción.

A estas circunstancias se suma la presión sobre materiales, recursos y trabajadores derivada de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación desarrollados tras la dana de octubre de 2024.

Según la memoria económica que acompaña a la resolución, este escenario ha generado unas condiciones estructurales que afectan directamente a la promoción de vivienda protegida y hacen necesaria una actualización del módulo para evitar que los precios máximos regulados queden por debajo de los costes reales.

El objetivo declarado de la Generalitat es mantener la recuperación de las promociones de vivienda de protección pública y ampliar la oferta residencial destinada a hogares que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado libre.

La evolución de los costes también refuerza el interés por fórmulas de inversión social e impacto social capaces de canalizar recursos hacia proyectos residenciales con objetivos de accesibilidad y sostenibilidad económica.

La vivienda debe seguir siendo viable para los promotores

La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València ha respaldado la decisión y señala que el coste de construcción se ha incrementado un 57% desde 2019.

Su director, Fernando Cos-Gayón, sostiene que un precio máximo regulado excesivamente alejado de los costes reales puede frenar la construcción de nuevas promociones. La institución considera que garantizar la viabilidad económica resulta esencial para que la política de vivienda protegida genere oferta efectiva.

El informe de la Cátedra recuerda que el módulo permaneció fijado en 1.212,80 euros por metro cuadrado útil desde 2013 durante una década. Según sus datos, ese periodo coincidió con la ausencia de promoción privada de vivienda de protección pública entre 2019 y 2022.

Las actualizaciones posteriores elevaron el módulo hasta 2.200 euros por metro cuadrado en 2023 y 2.400 euros en 2024. Ahora, el nuevo valor de 2.568 euros trata de recuperar parte del margen perdido por la nueva escalada de los costes.

El Módulo Básico de Edificación del Instituto Valenciano de la Edificación aumentó un 21,79% entre diciembre de 2024 y julio de 2026, según los datos recogidos por la Cátedra. En ese mismo periodo, el IPC acumulado en la Comunitat Valenciana fue del 5,7%.

La vivienda protegida mantiene el foco en los jóvenes

La Cátedra también ha analizado el impacto del nuevo módulo sobre la capacidad de acceso de los jóvenes. En una simulación con un hogar formado por dos personas jóvenes con un salario medio anual de 23.131 euros cada una, estima una capacidad de compra de 161.917 euros aplicando una ratio de 3,5 veces los ingresos brutos conjuntos.

Con el nuevo módulo de 2.568 euros por metro cuadrado, una vivienda protegida de 60 metros cuadrados tendría un precio de referencia de 154.080 euros. Esto equivaldría a 3,33 veces los ingresos brutos del hogar planteado en la simulación.

La comparación realizada por la Cátedra sitúa el precio de una vivienda equivalente en el mercado libre en aproximadamente 318.000 euros, lo que elevaría el esfuerzo hasta 6,88 veces la renta anual del mismo hogar.

Estas diferencias ponen de relieve el papel de las políticas de vivienda para jóvenes y del alquiler asequible para facilitar alternativas residenciales a quienes tienen dificultades para acceder al mercado libre.

La actualización del 7% no supone, según la Cátedra, una compensación completa del incremento de costes. Su informe calcula que los costes de construcción han crecido un 17,1% desde 2023 y propone introducir desde enero de 2027 un mecanismo automático de revisión ligado al IPC, acompañado de una cláusula específica para circunstancias extraordinarias.

El nuevo módulo entró en vigor el 15 de agosto de 2026 y se aplica a los expedientes que obtengan la calificación provisional desde esa fecha, así como a determinados expedientes anteriores que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 180/2024.

El reto para la política residencial será equilibrar la accesibilidad económica de la vivienda protegida con unos costes de promoción crecientes. En este contexto, modelos como GENIVS INSULAE exploran vías vinculadas a vivienda, financiación e inversión social, mientras que instrumentos de financiación pública o un eventual fondo europeo pueden complementar proyectos residenciales cuando resulten aplicables.

Fuente: Europa Press