El Gobierno de Cantabria lanzará un segundo plan autonómico de vivienda pública para generar al menos 550 nuevos hogares públicos en lo que resta de legislatura, con actuaciones en compra y alquiler distribuidas en 17 municipios.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, anunció la medida durante el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, donde también avanzó el nuevo Plan Cantabria Alquila y un Plan Singular de Interés Regional, PSIR, en Castro Urdiales para construir 1.700 viviendas.

Las nuevas promociones se desarrollarán en terrenos del Gobierno autonómico, mediante acuerdos de cesión de suelo con ayuntamientos y a través de la compra de inmuebles a la SAREB. En Los Corrales de Buelna, el Ejecutivo ya ha adquirido 63 viviendas sin finalizar por 2,6 millones de euros.

Vivienda pública en 17 municipios de Cantabria

El segundo plan de vivienda pública  beneficiará inicialmente a Santander, Los Corrales de Buelna, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Meruelo, Guriezo, Valdáliga, Val de San Vicente, Ruiloba, Penagos, Cabuérniga, Los Tojos, Valdeolea, Valdeprado del Río, Hermandad de Campoo de Suso y Pesquera.

Buruaga defendió que el Ejecutivo autonómico está “echando el resto” en materia residencial y aseguró que no dejará de explorar medidas para ampliar la oferta pública y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Además, Cantabria recuperará la fórmula de viviendas a precio tasado, orientada a clases medias que quedan fuera del régimen de vivienda pública, pero que también encuentran dificultades para acceder al mercado libre.

Esta estrategia se enmarca en una visión de inversión social que busca ampliar el parque residencial disponible, mejorar la estabilidad de los hogares y responder a la presión del mercado inmobiliario.

Vivienda pública y alquiler asequible con el Plan Cantabria Alquila

El nuevo Plan Cantabria Alquila sustituirá al Plan Moviva y tendrá como objetivo captar viviendas vacías para destinarlas al mercado del alquiler asequible, ofreciendo garantías tanto a propietarios como a inquilinos.

El programa prevé el pago íntegro de la renta al propietario, la devolución del inmueble en buen estado de conservación y una duración mínima garantizada de siete años. También incluirá el pago adelantado del primer año de alquiler, incentivos fiscales y ayudas.

Para los inquilinos, el Gobierno cántabro plantea rentas estables, precios asequibles y subidas previamente pactadas. Según Buruaga, el modelo permitirá sacar vivienda vacía al mercado con seguridad jurídica para las partes.

El Ejecutivo también reforzará las ayudas directas a la compra para jóvenes de hasta 35 años, que podrán alcanzar los 15.000 euros o el 20% del precio de adquisición, con un valor máximo de vivienda ampliado hasta 240.000 euros.

Además, los menores de 36 años que abran una cuenta vivienda podrán recibir incentivos de 200 euros anuales durante los tres primeros años, junto con una deducción fiscal del 15% sobre sus aportaciones. Estas medidas conectan con iniciativas de acceso residencial como vivienda joven.

Vivienda protegida en Castro Urdiales y nuevo PSIR

La presidenta cántabra también anunció el impulso de un Plan Singular de Interés Regional en Castro Urdiales para construir 1.700 viviendas, de las que la mitad serán de protección oficial.

El proyecto, presentado como una actuación de marcado carácter social, permitirá levantar 808 viviendas a precios asequibles y alcanzar tres objetivos: incorporar 100 viviendas llave en mano al parque público regional, obtener suelo público para construir alrededor de 400 viviendas protegidas y disponer de suelo urbanizado para el futuro Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales.

Buruaga afirmó que esta legislatura permitirá lanzar al mercado más vivienda pública y protegida que en toda la historia de la comunidad, sin recurrir a la declaración de zonas tensionadas.

Aunque el anuncio no vincula estas actuaciones a un fondo europeo, el enfoque de planificación residencial, sostenibilidad urbana y colaboración institucional se alinea con modelos de innovación como GENIVS INSULAE, centrados en vivienda, impacto social y desarrollo urbano responsable.

La presidenta también garantizó una solución definitiva para los afectados por sentencias de derribo antes de que termine la legislatura, asegurando que “nadie quedará desamparado y sin convenio”.

Fuente: Europa Press