La Xunta de Galicia prevé convocar en agosto de 2026, “en el mejor de los casos”, las ayudas del nuevo Plan Estatal de Vivienda correspondientes a su primera anualidad. Las líneas movilizarían 76 millones de euros mediante financiación estatal y autonómica.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, explicó ante el Parlamento gallego que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana remitió el 6 de julio la resolución necesaria para transferir a Galicia 45,6 millones de euros.

La comunidad autónoma deberá aportar otros 30,4 millones, equivalentes al 40% de la financiación total. Según la representante de la Xunta, esta cantidad saldrá de los 80 millones reservados en los presupuestos autonómicos de 2026 para desarrollar las medidas del plan.

Las ayudas de vivienda podrían abrirse en agosto

La Administración gallega dispone de un plazo de 20 días para estudiar la resolución recibida y devolverla firmada. Después deberá completar los trámites presupuestarios necesarios para incorporar la cofinanciación autonómica.

Esta secuencia administrativa situaría la publicación de las convocatorias durante agosto, de acuerdo con las previsiones trasladadas por Allegue. La conselleira advirtió de que las comunidades deben resolver las líneas antes de diciembre, por lo que considera que los plazos disponibles dificultan la ejecución del programa.

La responsable autonómica también cuestionó que la transferencia se haya planteado sin la firma previa de un convenio bilateral que detalle las condiciones de gestión y financiación. A su juicio, este procedimiento supone un cambio respecto a anteriores planes estatales.

El nuevo programa abarca el periodo comprendido entre 2026 y 2030 y cuenta con una dotación global de 7.000 millones de euros. Galicia tiene asignado un 5,7% del presupuesto, equivalente a 399 millones durante los cinco años de vigencia.

De esa cantidad, el Estado aportaría aproximadamente 239 millones, mientras que el resto correspondería a la cofinanciación de la Xunta. El Gobierno gallego considera que los recursos resultan insuficientes para responder a la demanda residencial existente, mientras que los grupos de la oposición reclaman una mayor utilización de las herramientas incluidas en el plan.

Más fondos para comprar vivienda protegida

Durante su comparecencia, Allegue anunció una ampliación de dos millones de euros en las ayudas autonómicas para comprar vivienda protegida y adquirir inmuebles situados en cascos históricos. Con este incremento, el crédito disponible para 2026 alcanza los cuatro millones.

La Xunta sostiene que ya ha activado diez líneas de ayuda financiadas exclusivamente con recursos autonómicos. Estos programas suman 30 millones de euros y, según la conselleira, fueron convocados durante el primer cuatrimestre del año, con buena parte de los procedimientos ya resueltos.

Las medidas buscan facilitar el acceso a una vivienda, especialmente en un contexto de aumento de precios y escasez de oferta. También pueden complementar modelos de vivienda para jóvenes, rehabilitación de inmuebles y recuperación residencial de los centros históricos.

La financiación pública destinada a la compra y rehabilitación puede contribuir, además, a movilizar edificios existentes y evitar su deterioro. Esta estrategia permite aumentar la oferta residencial sin depender únicamente de promociones de nueva construcción.

La conselleira señaló que ha solicitado una reunión presencial con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para estudiar fórmulas adicionales de financiación. Según afirmó, la Xunta ha remitido 32 comunicaciones al ministerio relacionadas con esta materia.

Debate sobre vivienda pública y alquiler asequible

La comparecencia generó un debate entre los grupos parlamentarios sobre la gestión de las políticas de vivienda. El PSdeG y el BNG acusaron al Ejecutivo autonómico de centrar su intervención en las diferencias con el Gobierno central y reclamaron una evaluación más detallada de los programas propios.

El BNG defendió la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la compra de inmuebles ya construidos para incorporarlos al parque público. Estas actuaciones, según la formación, representan dos de las principales posibilidades del nuevo plan estatal para ampliar la oferta de alquiler asequible.

El PPdeG, por su parte, reivindicó las medidas promovidas por la Xunta y destacó el número de proyectos públicos actualmente en desarrollo. Allegue afirmó que el Gobierno gallego mantiene alrededor de 4.000 viviendas públicas en distintas fases de tramitación o ejecución.

Durante el debate también se abordaron la actuación de Casa 47, la gestión de los inmuebles de la Sareb en Galicia y la posibilidad de adquirir viviendas turísticas que no cumplan la normativa para destinarlas al parque residencial público.

La ampliación del parque público, la rehabilitación de edificios y la movilización de activos existentes pueden integrarse en estrategias de inversión social vinculada a la vivienda. Estas medidas buscan generar un impacto estable sobre el acceso residencial y la cohesión de las ciudades.

Proyectos como GENIVS INSULAE también estudian fórmulas para combinar sostenibilidad, financiación e impacto social en el mercado inmobiliario. La participación de recursos públicos, privados y de un posible fondo europeo puede resultar relevante para aumentar la oferta disponible.

La Xunta y los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de reforzar las políticas residenciales, aunque mantienen diferencias sobre la financiación, los plazos y las medidas prioritarias. Allegue cerró su intervención reclamando más consenso institucional para afrontar las dificultades de acceso a una vivienda digna.

La información oficial sobre los programas estatales puede consultarse en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Fuente: Europa Press