La Comunidad de Madrid aprobará esta semana una nueva ley de vivienda con la que prevé facilitar la construcción de 18.000 viviendas protegidas en los próximos cuatro años. El objetivo del Ejecutivo autonómico es acelerar los plazos de desarrollo, aumentar la oferta residencial y mejorar el acceso a una vivienda asequible para jóvenes y familias.

La norma, que será elevada al Consejo de Gobierno, plantea un paquete de medidas urgentes para adaptar la edificación a la demanda actual. Entre ellas, destaca la creación de incentivos urbanísticos que permitirán ampliar hasta un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad sin necesidad de consumir nuevo suelo.

Más vivienda protegida para ampliar la oferta

Con esta reforma, el Gobierno regional busca reforzar su estrategia en materia de vivienda protegida, uno de los ejes prioritarios de su política desde 2019. Según los datos trasladados por el Ejecutivo madrileño, la región concentra más del 40% de la vivienda pública construida en España durante este periodo.

La iniciativa también permitirá acompasar el ritmo de construcción a las necesidades reales del mercado residencial, con especial foco en la vivienda protegida destinada a sectores con mayores dificultades de acceso, como los jóvenes, las familias con rentas medias y los hogares vulnerables.

En este contexto, proyectos vinculados a la innovación en vivienda y modelos residenciales como GENIVS INSULAE refuerzan el debate sobre nuevas fórmulas de acceso habitacional, mientras que iniciativas centradas en el impacto social y la vivienda para jóvenes ganan peso en la agenda del sector.

Alquiler asequible, avales y nuevas fórmulas de acceso

La Comunidad de Madrid subraya que ya ha entregado más de 5.300 viviendas del Plan Vive en régimen de alquiler asequible. A esa cifra se sumarán otras 3.200 unidades a lo largo de este año en promociones ya en construcción, con la previsión de alcanzar las 14.000 nuevas viviendas en 2027.

Además, el Ejecutivo regional ha ampliado de 40 a 50 años la edad máxima para acceder a avales hipotecarios, una medida orientada a facilitar la compra de vivienda. También ha reforzado el programa Mi Primera Vivienda, elevando hasta 425.000 euros el importe máximo subvencionable para ampliar el número de beneficiarios con hipotecas de hasta el 100%.

Otro de los cambios destacados ha sido la conversión legal de oficinas en viviendas destinadas al alquiler asequible, una medida con la que el Gobierno madrileño calcula incorporar al mercado unas 8.000 nuevas casas. A ello se añaden ayudas específicas para familias numerosas y monoparentales, así como la recuperación del arrendamiento con opción a compra.

Inversión pública en vivienda social y cambio de uso del suelo

La nueva ley se enmarca en una estrategia más amplia de impulso a la inversión social. Para 2026, la Comunidad de Madrid prevé aumentar un 24% la inversión pública en residencia social, con la meta de entregar más de 700 inmuebles a familias vulnerables.

El Ejecutivo autonómico también ha autorizado la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada mediante cambios de uso del suelo, una medida orientada a ganar capacidad residencial con mayor rapidez. Asimismo, ha eliminado determinadas tasas para agilizar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos y ha promovido incentivos para ampliar la oferta de alquiler en pequeños municipios.

Estas decisiones buscan responder al encarecimiento del acceso residencial y sostener una política pública basada en más oferta, agilización administrativa y nuevas herramientas de apoyo a la emancipación y al alquiler asequible.

Para ampliar información institucional sobre políticas públicas, puede consultarse la Comunidad de Madrid.

Promoción de vivienda protegida en Madrid para jóvenes y familias, con edificios sostenibles y entorno urbano moderno.

Fuente: Europa Press