El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han abierto una negociación para resolver las discrepancias detectadas en 16 artículos y una disposición final de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía. El movimiento busca evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional y dejar margen a una solución pactada sobre aspectos clave de la política de vivienda en la comunidad.

La vivienda andaluza, bajo revisión del Gobierno

El acuerdo fue adoptado el 23 de marzo de 2026 en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma, y quedó publicado el 13 de abril tanto en el BOE como en el BOJA. Además de iniciar las negociaciones, ambas administraciones han acordado crear un grupo de trabajo para proponer una salida técnica al conflicto.

Las diferencias se concentran en varios puntos sensibles de la norma: la definición de vivienda y sus tipologías, las fórmulas de colaboración público-privada para impulsar vivienda protegida y alquiler asequible, los usos compatibles del suelo dotacional público, el Libro del Edificio y Manual del Usuario de la Vivienda, así como las obras de redistribución y mejora en edificios residenciales.

Qué artículos de vivienda centran el conflicto

Los preceptos cuestionados por el Ejecutivo central son los artículos 4, 13, 14, 24, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 66, 89, 90 y 96, además de la disposición final tercera. Entre los asuntos incluidos figuran la regulación del Registro de Agentes Inmobiliarios Especializados del Sector Residencial de Andalucía, la promoción y calificación de viviendas protegidas, y las fórmulas de concesión, derecho de superficie, usufructo o cesión de uso sobre inmuebles o suelos públicos.

También está bajo revisión la modificación del Reglamento andaluz de Viviendas Protegidas en cuestiones como el procedimiento de selección de adjudicatarios y la calificación provisional de las promociones. El alcance de estas diferencias vuelve a situar el debate competencial en el centro de la agenda institucional andaluza.

La negociación abre margen antes del Constitucional

La comunicación remitida al Tribunal Constitucional se apoya en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del TC, que permite activar negociaciones entre administraciones para intentar evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. En la práctica, el paso dado por ambas partes abre una fase de diálogo jurídico y político antes de una posible impugnación formal.

Más allá del choque competencial, el episodio refuerza el foco sobre la vivienda protegida, la necesidad de ampliar el alquiler asequible y las dificultades de acceso de los jóvenes al mercado residencial. En ese contexto, también ganan relevancia las fórmulas de inversión social, proyectos vinculados a GENIVS INSULAE y el debate sobre cómo movilizar colaboración público-privada y un posible fondo europeo para acelerar nueva oferta residencial con criterios de sostenibilidad.

Puede consultarse el texto íntegro de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y la información original publicada por Europa Press.

Fuente: Europa Press