La Junta de Castilla y León ha reforzado el parque público de alquiler social en la provincia de León con 82 viviendas y una inversión acumulada de 4,55 millones de euros dentro del programa Rehabitare, una iniciativa orientada a recuperar inmuebles en desuso, ampliar la oferta residencial asequible y ayudar a fijar población en el medio rural. La medida fue presentada en León por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la firma de nuevas adhesiones municipales al programa.

Los ayuntamientos leoneses de Oencia, Noceda del Bierzo, Villablino, Crémenes y Villaornate y Castro se incorporan así a un modelo de intervención pública que permite rehabilitar edificios de titularidad municipal para destinarlos a vivienda protegida en régimen de alquiler. El enfoque prioriza a jóvenes y colectivos de especial protección, al tiempo que persigue la recuperación patrimonial de inmuebles sin uso y la activación económica de pequeñas localidades mediante obras ejecutadas con participación de empresas del entorno.

Rehabitare gana peso en León como herramienta contra la despoblación

La filosofía del programa parte de una idea sencilla: aprovechar edificios vacíos o infrautilizados para convertirlos en viviendas habitables, dignas y accesibles. En el caso leonés, las 82 viviendas ya rehabilitadas o comprometidas confirman la consolidación de una línea de actuación que la Junta vincula no solo a la política residencial, sino también a la lucha contra la despoblación y al mantenimiento de actividad en el ámbito rural.

El Gobierno autonómico subraya además que Rehabitare funciona como un modelo de colaboración entre administraciones y entidades. A esa red se sumaron en 2018 varios obispados de Castilla y León para rehabilitar casas rectorales y destinarlas igualmente a alquiler social. Según la información oficial, hasta el momento se han recuperado 36 viviendas dentro de esa vía de cooperación, con una inversión cercana a 1,99 millones de euros.

La estrategia se amplió más tarde con la implicación de las diputaciones provinciales. Tras los convenios del periodo 2021-2024, Junta y diputaciones activaron una nueva fase 2024-2027 para desarrollar 88 actuaciones por valor de 9,152 millones de euros en el conjunto de la Comunidad. En el caso de León, la previsión oficial es ejecutar ocho nuevas actuaciones hasta 2027 con un presupuesto de 832.000 euros.

Más vivienda pública, rehabilitación y apoyo a jóvenes con el alquiler social

La visita institucional incluyó un inmueble rehabilitado en Audanzas del Valle, en el municipio de La Antigua, donde la Junta ha destinado 96.800 euros a transformar una antigua escuela en una vivienda social. La actuación ha permitido reorganizar la planta primera para crear un hogar con salón-cocina-comedor, dos dormitorios y baño, además de renovar carpinterías, instalaciones, acabados e incorporar una hidroestufa de pellets. La vivienda resultante alcanza 58,70 metros cuadrados útiles y 72 construidos.

Esta intervención forma parte de una política más amplia con la que la Junta busca incrementar el parque público de vivienda mediante promoción, rehabilitación y compra. Al inicio de la legislatura, Castilla y León disponía de 9.035 viviendas públicas en alquiler o venta, de las que 1.238 correspondían a la provincia de León. A ese stock, la Administración autonómica prevé sumar otras 454 viviendas en territorio leonés a través de distintas líneas de actuación.

Entre esas medidas figuran 203 viviendas para venta con descuento para jóvenes en colaboración con la Diputación de León, 120 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en modalidad colaborativa, 38 viviendas de camineros y otras 11 viviendas adquiridas para incorporarlas al parque público de alquiler. En conjunto, la inversión asociada supera los 60 millones de euros, según la información difundida por la Junta.

El alquiler social gana relevancia en la agenda de vivienda

La expansión de fórmulas de rehabilitación pública en el medio rural encaja con una tendencia más amplia: la búsqueda de nuevos instrumentos para ampliar el parque asequible y responder a la presión residencial que afecta especialmente a jóvenes y hogares vulnerables. En ese marco, el debate sobre vivienda pública, colaboración institucional e inversión con impacto social también ha ido ganando espacio en otros ámbitos del sector. Un ejemplo es el auge de modelos que combinan rentabilidad e impacto para impulsar vivienda asequible en España, como recoge este análisis sobre GENIVS, en línea con la documentación facilitada por el propio proyecto.

También pueden consultarse otras informaciones relacionadas en Habitat Insulae, como la creación de nuevos fondos para vivienda asequible, el papel de la inversión de impacto en el acceso a la vivienda o las políticas de impulso a la vivienda pública.

Fuente original: Junta de Castilla y León. También puede consultarse la versión distribuida por Europa Press.