España construye de media 8.600 VPO al año, frente a más de 60.000 hace quince años. El parque de vivienda social cae por falta de inversión y financiación, desclasificación generalizada y trámites lentos, con impacto en jóvenes y alquiler asequible. Se reclama un mayor impulso europeo.
España construye de media 8.600 viviendas protegidas (VPO) al año, muy lejos de las más de 60.000 de hace quince años. El parque de viviendas asequible se ha reducido y la demanda crece, con especial impacto en jóvenes y rentas medias-bajas. La comparación europea también es desfavorable: la vivienda social en España apenas supone el 1,3% del total. La media comunitaria del 3,2%.
Viviendas protegidas: caída histórica de producción y acceso
En la última década se han entregado menos de 86.000 VPO, frente a periodos como 1997–98 o 2004–12. Años que se superaron las 159.000 y 552.000 unidades, respectivamente. La necesidad estimada ronda las 700.000 viviendas asequibles.
La clave es el precio limitado: en Madrid o Barcelona, viviendas protegidas de 80 m² tienen topes en 232.000–240.000 € . Mientras que el precio medio de un inmueble comparable en el mercado libre asciende a 388.000 y 358.000 euros, respectivamente. Esta diferencia explica por qué la VPO es vista como herramienta esencial de inversión social y acceso.
Falta de inversión y financiación para la vivienda
El 79% de las VPO entregadas desde 2015 las promueve el sector privado y solo el 21% la administración. La insuficiencia de inversión pública —muy desigual entre territorios— y la menor financiación privada desde la crisis de 2008 han reducido capacidad productiva y tejido constructor.
El retroceso del crédito al sector promotor —del 44% del PIB en 2007 a alrededor del 7%— y la desaparición de las cajas de ahorros limitaron el impulso de VPO. Hoy, reactivar la oferta exige capital paciente, partenariados público-privados y aprovechar el modelo GENIVS INSULAE como referencia de colaboración e impacto.
En paralelo, la UE ofrece instrumentos para impulsar alquiler asequible y rehabilitación. Un fondo europeo específico o políticas de cohesión y BEI podrían acelerar la producción de vivienda protegida.
Desclasificación y suelo: dos cuellos de botella de la vivienda
La desclasificación de VPO —permitida en la mayoría de comunidades— ha trasladado millones de unidades al mercado libre. Esto impide consolidar un parque estable. El debate enfrenta el ahorro patrimonial familiar con la necesidad de mantener precios limitados de por vida.
El suelo de España dispone de grandes bolsas clasificadas, pero la urbanización y los plazos son de 10-20 años. Expertos públicos subrayan que el suelo no es el mayor límite: lo es la financiación y la estabilidad regulatoria para escalar vivienda protegida.
La edad media para comprar la primera vivienda en España se sitúa alrededor de los 41 años, aunque el rango más común es entre los 35 y 44 años.
Fuente: El Periódico
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