La vivienda entra en el centro de la agenda comunitaria: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en el Consejo Europeo la creación de un fondo europeo específico para impulsar la construcción de vivienda protegida y frenar la presión sobre precios en zonas tensionadas. La propuesta llega en un momento en el que varias capitales europeas reclaman soluciones coordinadas para ampliar parque asequible y limitar el uso no residencial de inmuebles turísticos.

La agenda europea abre la puerta a financiar vivienda protegida

En Bruselas, el debate se enfocó por primera vez en la crisis habitacional como un problema de alcance continental y en el papel que podría desempeñar la Comisión Europea a través de instrumentos financieros y marcos regulatorios comunes. Sánchez defendió que el acceso a la vivienda afecta a jóvenes y familias en gran parte de Europa y pidió herramientas legales para actuar en mercados locales con alta presión turística.

El borrador de conclusiones que circuló en la cumbre apuntaba a un plan “ambicioso” para complementar esfuerzos estatales. En paralelo, Bruselas trabaja en un marco europeo sobre vivienda, con medidas que incluyen limitar el alquiler vacacional y reforzar la coordinación con ciudades que concentran el mayor desequilibrio entre oferta y demanda.

España acelera modelos escalables de alquiler asequible

En el ámbito nacional, ganan tracción modelos de inversión con impacto social para ampliar parque asequible de forma sostenida. Uno de los ejemplos es GENIVS, primer fondo español centrado en infraestructuras de vivienda protegida 100% destinadas a alquiler, con un objetivo de capital de hasta 250 millones de euros para desplegar proyectos en grandes ciudades y ofrecer rentas hasta tres veces por debajo del mercado libre.

El vehículo, constituido como SICC inscrita en la CNMV y gestionado por Alaluz Capital SGIIC, trabaja ya con un pipeline firme superior a 500 viviendas y ha identificado más de 2.100 unidades adicionales en plazas como Madrid, Barcelona, Málaga o Zaragoza. Su modelo concesional, sobre suelo público en derecho de superficie o concesión administrativa, prevé desarrollar en torno a 3.000 viviendas con calificación energética A y auditoría BREEAM.

La estrategia pone el foco en los jóvenes menores de 35 años —colectivo más afectado por la carestía— y avanza mediante alianzas con entidades del tercer sector como Provivienda, Hàbitat3 y Metropolitan House. “Impacto, sensibilidad social y rentabilidad para el inversor no son objetivos antagónicos, sino complementarios”, subrayan desde GENIVS. Más detalles sobre el enfoque de impacto social y su oferta de vivienda joven.

Por qué importa: coordinación europea y proyectos listos para escalar

La combinación de una financiación europea orientada a vivienda protegida y vehículos nacionales de inversión de impacto permitiría acelerar la construcción y movilizar suelo público con criterios de eficiencia y estabilidad a largo plazo. La propuesta de Bruselas encaja con modelos que miden el retorno social y garantizan alquileres asequibles en barrios bien conectados, reforzando así la seguridad jurídica para ayuntamientos, inversores y gestores.

De cristalizar el fondo europeo, España llegaría con proyectos avanzados, marcos concesionales testados y un ecosistema de alianzas público-privadas preparado para escalar. Para los usuarios finales, implicaría más vivienda asequible, eficiencia energética y contratos de alquiler estables; para las administraciones, capilaridad y desarrollo urbano sostenible; y para los inversores, activos resilientes con rentabilidad ajustada a inflación e impacto medible.

Fuente: La Vanguardia