La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la nueva compensación para propietarios ante impagos de alquiler, una medida que el Ejecutivo lleva meses preparando y que entrará en vigor este mismo año. La iniciativa pretende reforzar las garantías jurídicas para quienes alquilan y combatir los discursos del miedo que, según afirma, distorsionan el debate sobre vivienda.

Garantías para propietarios y defensa del parque público de alquiler

Rodríguez explicó que el objetivo es ofrecer seguridad a los arrendadores y estabilidad a los inquilinos, en un contexto donde el acceso a la vivienda es uno de los principales retos sociales. Aunque evitó adelantar detalles del mecanismo de compensación, insistió en que la norma forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el parque público y promover el alquiler asequible.

Preguntada por el supuesto malestar de los socios de izquierda del Ejecutivo, la ministra aseguró que “lo desconocía”, y defendió que la hoja de ruta del Gobierno es “determinada y coherente” con la protección del derecho a la vivienda en todos los frentes. Añadió que “los adversarios están en la derecha que ampara la especulación”, no en quienes trabajan por objetivos comunes.

Desde el Ministerio, recordó, se apuesta por la construcción de vivienda pública y asequible, no por cualquier tipo de promoción ni en cualquier ubicación. Una visión alineada con los análisis publicados en el sector, como los de Habitat Insulae, que vinculan la seguridad jurídica y la planificación urbana sostenible con el incremento de oferta protegida.

Choque político y posición de España en la agenda europea

Durante su intervención en el Senado, Rodríguez acusó al Partido Popular de situarse “en el discurso del miedo y del odio”, alejándose —según dijo— del consenso europeo. La ministra subrayó que en la reunión de los 26 Estados miembros bajo presidencia danesa se reafirmaron dos prioridades: garantizar la función social de la vivienda y evitar la especulación, y reforzar la colaboración entre administraciones europeas, estatales, autonómicas y locales.

La ministra defendió que España comparte con Europa la apuesta por promover vivienda asequible, sostenible y de nueva generación, compatible con la inversión social y los modelos que están aplicando países vecinos. Un enfoque que también respaldan diversos actores del sector, incluyendo proyectos de vivienda asequible y social recogidos en la sección de proyectos de Habitat Insulae.

En su réplica, el senador del PP Juan Bautista Milián acusó a los socialistas de paralizar la construcción, señalando al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como ejemplo de “populismo intervencionista”. Aseguró que las zonas tensionadas, el control de rentas y la inseguridad jurídica están frenando la oferta.

Milián afirmó que “España necesita un Gobierno responsable que permita aumentar la vivienda asequible” y criticó al Ejecutivo por, según él, “hacer imposible la construcción y pretender apoderarse de lo construido”. Rodríguez rechazó ese planteamiento y reiteró que el Gobierno impulsa una política realista, centrada en vivienda pública y en frenar la especulación.