La eterna deuda pendiente: la falta de vivienda social en España

Pese a las promesas políticas y la urgencia social, el parque público sigue siendo insuficiente y la desigualdad crece en un mercado cada vez más excluyente.

Aunque la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, España arrastra desde hace décadas una grave carencia de vivienda social. Esta carencia no es nueva ni accidental: se trata de un déficit estructural que ha profundizado la desigualdad, encarecido el alquiler y convertido el acceso a un hogar en un privilegio, más que en un derecho.

Con menos del 3% del parque de viviendas dedicado al alquiler social, España se encuentra muy por debajo de la media europea. Países como Países Bajos, Austria o Dinamarca superan con creces el 20%. Las consecuencias de esta brecha son evidentes: un mercado de alquiler tensionado, hogares vulnerables atrapados en precios inasumibles y una juventud sin posibilidad de emancipación.

Las promesas políticas se han multiplicado: decenas de miles de viviendas públicas anunciadas, movilización de suelo, planes de emergencia. Pero los resultados reales siguen siendo exiguos. La ejecución es lenta, la burocracia urbanística pesa como una losa y las iniciativas no trascienden los ciclos electorales.

Además, el modelo español ha confundido tradicionalmente vivienda social con vivienda protegida en propiedad, lo que ha impedido construir un parque público permanente. Muchas de estas viviendas acaban en el mercado libre en pocos años, desvirtuando su función y perpetuando la escasez estructural.

Por si fuera poco, la entrada de grandes fondos de inversión ha transformado la vivienda en un activo financiero. Sin regulación clara que garantice oferta asequible, esta financiarización ha desplazado el interés general y agravado la exclusión habitacional. La presión de la Comisión Europea sobre España por su escaso parque social ha puesto el foco en esta realidad.

Los últimos anuncios —como la movilización de 13.000 viviendas de la Sareb y suelos para otras 55.000— podrían ser un primer paso. Pero sin una política pública sostenida, transversal y profesionalizada, seguiremos improvisando. Lo que España necesita no son titulares, sino una visión de largo plazo que entienda la vivienda social como una infraestructura básica del bienestar.

Urge construir más vivienda asequible, sí, pero también asegurar su permanencia como bien público. Solo con una planificación ambiciosa, equitativa y una gestión profesional se podrá cerrar la brecha de más de 800.000 viviendas que arrastramos. Solo entonces dejaremos de ver la vivienda como un factor de desigualdad y empezaremos a entenderla como lo que debería ser: un pilar del proyecto común.