El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, alcanza los dos años de legislatura con sus primeros Presupuestos aprobados, pero con asuntos clave todavía pendientes. La vivienda, la reforma de la financiación autonómica, la crisis educativa, Rodalies y la aplicación de la Ley de Amnistía marcarán la segunda mitad de su mandato.

Illa ha defendido que Catalunya ha recuperado durante estos dos años la estabilidad institucional después de una etapa que, según su diagnóstico, estuvo marcada por la parálisis política y la división. El presidente sostiene que su Govern ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos y aspira a acelerar las principales reformas durante lo que queda de legislatura.

La alianza parlamentaria con ERC y los Comuns, decisiva para su investidura, ha permitido sacar adelante las primeras cuentas catalanas en más de tres años. Sin embargo, algunos de los acuerdos que hicieron posible su llegada a la Presidencia continúan sin materializarse completamente.

El propio Illa ha admitido que el respaldo de sus socios debe ganarse de forma permanente y que existe incluso la posibilidad de completar el mandato sin aprobar unos nuevos Presupuestos.

Financiación y vivienda, dos retos centrales para Illa

Uno de los principales compromisos pendientes es la reforma del sistema de financiación autonómica acordada con ERC. El pacto contempla avanzar hacia un modelo singular para Catalunya con mayor capacidad en materia fiscal.

A comienzos de 2026, el Gobierno central, la Generalitat y ERC anunciaron un acuerdo para reformar el conjunto del sistema. Según las estimaciones presentadas entonces, Catalunya podría disponer de unos 4.600 millones de euros adicionales al año.

La propuesta, sin embargo, se enfrenta a la oposición del PP y de las comunidades autónomas gobernadas por los populares. El modelo debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde el respaldo de Junts puede resultar determinante.

Junts ha mostrado sus discrepancias con el acuerdo y defiende un modelo basado en el concierto económico, por lo que el Govern y ERC no tienen garantizada la aprobación final de la reforma.

También seguirá abierta la transferencia de competencias tributarias. La previsión es que la Generalitat no participe en la recaudación del IRPF hasta 2028 como mínimo, mientras se refuerza la estructura de la Agència Tributària de Catalunya y se resuelven las diferencias con el Ministerio de Hacienda.

Junto a la financiación, la vivienda continúa situada entre las principales preocupaciones de la ciudadanía catalana. El Govern ha respondido con una estrategia que combina nueva construcción, movilización de suelo público, agilización administrativa y regulación del mercado del alquiler.

Entre las medidas anunciadas destaca el plan para promover 50.000 unidades de vivienda protegida y una estrategia para movilizar suelo con capacidad para alrededor de 214.000 viviendas. Estas políticas pretenden incrementar de forma progresiva la oferta disponible y facilitar el acceso residencial.

El desafío conecta especialmente con el acceso a la vivienda para jóvenes, uno de los colectivos que encuentra mayores dificultades para emanciparse ante el elevado coste del alquiler y de la compra en las principales áreas urbanas.

El Parlament reguló a finales de 2025 los alquileres de temporada y de habitaciones. El Govern también ha reforzado las inspecciones destinadas a garantizar el cumplimiento del régimen sancionador previsto en la legislación catalana de vivienda.

Otra iniciativa, encaminada a limitar determinadas compras inmobiliarias de carácter especulativo, quedó condicionada por el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

Illa ha destacado asimismo la aplicación generalizada de las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la legislación estatal para contener las rentas. El presidente ha situado la política de vivienda entre sus principales prioridades para los próximos dos años.

Vivienda, Educación y Rodalies condicionan la legislatura

La segunda mitad del mandato también estará condicionada por el conflicto educativo. Los sindicatos mayoritarios han anunciado movilizaciones desde el inicio del curso pese al acuerdo alcanzado con otras organizaciones para realizar inversiones por valor de 2.700 millones de euros en tres años.

El Ejecutivo catalán se ha comprometido además a reducir ratios y carga burocrática, aunque las bases de los sindicatos mayoritarios rechazaron el acuerdo planteado.

A esta situación se añade la controversia relacionada con los errores detectados en las pruebas PISA y la polémica por la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en determinadas asambleas docentes. La oposición prevé mantener la presión parlamentaria sobre estas cuestiones durante el nuevo curso político.

Otro de los grandes desafíos es Rodalies. La red ferroviaria ha atravesado una grave crisis durante el mandato, agravada tras el accidente de Gelida y por sucesivas incidencias que prolongaron durante meses los problemas para los usuarios.

La estrategia del Govern pasa por mejorar las infraestructuras y el material ferroviario, así como por modificar el modelo de gobernanza mediante el traspaso progresivo de Rodalies a una empresa mixta participada por la Generalitat y el Gobierno central.

En materia de movilidad también ocupa un lugar destacado la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Illa mantiene su compromiso con el proyecto y sitúa 2033 como el horizonte más temprano para su ejecución, pese al rechazo que esta iniciativa genera entre algunos de sus socios de investidura.

El desarrollo de nuevas infraestructuras, la ampliación del parque residencial y la movilización de inversión social serán elementos relevantes para evaluar el alcance de las políticas públicas durante el resto de la legislatura.

La vivienda comparte agenda con amnistía y política estatal

La aplicación de la Ley de Amnistía seguirá siendo otro de los asuntos políticos determinantes. La atención está centrada especialmente en sus efectos sobre los dirigentes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Illa ha defendido desde el comienzo de su mandato una aplicación diligente e integral de la norma y ha reiterado esa posición tras las decisiones adoptadas por las instituciones judiciales europeas durante el verano.

La estabilidad del Govern catalán también dependerá de la evolución de la legislatura española. Los casos judiciales y las investigaciones que afectan a antiguos dirigentes socialistas y a personas relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno han incrementado la presión política sobre el PSOE.

Illa se ha consolidado durante este periodo como uno de los principales apoyos territoriales de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, ha defendido la actuación del partido ante los casos que afectan a antiguos cargos y ha reclamado respeto a la presunción de inocencia en los procedimientos abiertos.

El calendario electoral añadirá más presión a esta etapa. Las próximas elecciones municipales y generales pueden alterar los equilibrios entre partidos y condicionar acuerdos que resultan esenciales para algunos de los proyectos comprometidos por el Govern.

En este contexto, la capacidad para ampliar la oferta de vivienda asequible mediante modelos de inversión social, avanzar en la financiación autonómica y resolver las tensiones en Educación y transporte será determinante para el balance final del mandato de Salvador Illa.

Fuente: Europa Press